“El aumento de las penas en el Código Penal no sirve para nada”

26 11 2011

10:15 | El juez Zaffaroni admite que “la Justicia siempre fue lenta”, dice que la policía “encubre a los que venden droga” y reconoce que el sistema judicial “está lleno de presos sin condena”. Además, afirma que la cárcel “no está rehabilitando a los detenidos”.

Zaffaroni disertó ayer en el cierre del seminario internacional de políticas sociales.

por Juan Pablo Fioriti

 

“Firmás más autógrafos que los famosos”. Eugenio Zaffaroni se ríe con ganas ante la humorada de un funcionario bonaerense, mientras trata de abrirse paso en medio de un enjambre de estudiantes de Derecho y mujeres mayores que le piden una foto en el hall del Hotel Provincial. El juez de la Corte Suprema de Justicia accede a cada pedido y posa para los flashes de las cámaras digitales sin problemas. “En cada lugar que voy siempre me pasa lo mismo”, bromea entre risas minutos después de recibir una ovación al disertar en el cierre del seminario internacional de políticas sociales.

Son las once de la mañana y Zaffaroni saborea un café a metros de la costa marplatense, acompañado por el subsecretario de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, Pablo Navarro. Bajo un sol radiante, el juez se muestra locuaz y de buen humor a lo largo de la entrevista a solas con LA CAPITAL. No hace falta prender el grabador y hacerle una pregunta para que empiece a hablar: “El aumento de las penas en el Código Penal no sirve para nada”, opina.

Mientras enciende un cigarrillo fino marca Vogue Blue y entre frase y frase degusta un alfajor de chocolate blanco, Zaffaroni habla de todo: admite que “la Justicia siempre fue lenta”, cuestiona con dureza a la policía (“encubre a los que venden droga”) y reconoce que el sistema judicial “está lleno de presos sin condena”.

– ¿Por qué sostiene que aumentar las penas no sirve?

– El aumento de las penas en el Código Penal tiene un efecto simbólico. Eventualmente puede tener un efecto real sobre alguna delincuencia de gravedad media, a la cual se le imponen penas desproporcionadas. Pero en la delincuencia grave no tiene ningún efecto. Hoy en Derecho Penal nadie sostiene seriamente el efecto disuasorio de la pena. Si un hombre decide matar a toda su familia es porque está alterado y es absurdo pensar que en ese momento se le va a ocurrir pedir el Código Penal como si fuera el menú de un restaurante para ver si el crimen le va a costar 20 años, 25 o 30 de prisión.

– ¿La Justicia es lenta?

– La Justicia siempre fue lenta. Y ahora también. De cualquier manera, diría que en los casos graves no es tan lenta: una sentencia de primera instancia llega antes de los dos años. Los hechos graves como homicidios o asaltos a mano armada no son muy complejos. Pero creo que tenemos todavía en la cultura judicial una carga de escriturismo que no superamos. Cuando yo veo que en un juicio de lesa humanidad se pasan cuatro días leyendo la requisitoria fiscal o cuando los alegatos duran dos semanas, me agarro la cabeza. Se supone que tanto la acusación como la defensa leyeron el expediente de la causa previamente. Y se supone que los jueces antes de dictar la sentencia también recurren a la documentación del expediente. Es una locura leer toda la prueba documental, así claro que vamos a tardar dos años en un juicio oral. Hay vicios culturales que venimos arrastrando y tienen que ir siendo corregidos.

– En relación a la demora de los juicios a represores, ¿la Justicia nunca es rápida?

– Es cierto, no es rápida. De cualquier manera con los juicios a represores estamos haciendo algo que no se hizo nunca en el mundo: juzgamos todos los casos con magistrados naturales y con las leyes que se aplican a todo el mundo.

– ¿Cómo se combate la inseguridad, con mano dura o mano blanda?

– El primer paso es estudiar el problema. Pero no tenemos un diagnóstico de lo que sucede y nadie puede prevenir lo que no conoce. Por primera vez estoy empezando a lograr que se escuche la posibilidad de crear un sistema de monitoreo real de la violencia.

– ¿Qué falencias nota en el sistema judicial?

– Estamos adoptando cada día más el método que nos llega desde Estados Unidos: llenarnos de condenados sin juicio a través del juicio abreviado. Esto lleva a que los fiscales sean más mesurados a la hora de pedir pena, así la defensa acepta el juicio abreviado. Pero si el acusado es inocente esta situación lleva a un tipo de extorsión.

– ¿Hay que bajar la edad de imputabilidad de los menores?

– En el 2010 hubo 168 homicidios en la ciudad de Buenos Aires, de los cuales sólo dos fueron cometidos por menores de 16 años. Las personas grandes matan más que los pibes.

– ¿Qué responsabilidad tiene la policía en el crecimiento del flagelo de la droga?

– La policía hace estadísticas con pibes con porro, mientras encubre al que vende la droga. En los barrios todos saben dónde se venden estupefacientes, menos la policía. Tenemos una gran deuda: redefinir el modelo policial. Hoy en América latina los golpes de Estado los da la policía.

– ¿Está a favor o en contra de la pena de muerte?

– La pena de muerte es un discurso que ya ni los políticos hacen porque les queda feo y uno los mira y se ríe. La pena de muerte es imposible ponerla en práctica en el país porque habría que denunciar el Tratado de la Convención Americana de Derechos Humanos y reformar la Constitución. Cuando nadie tiene otra cosa que decir sale con la pena de muerte. Pero ya es tan ridículo que ni siquiera lo mencionan. El problema en América Latina es reducir la muerte sin pena, el gatillo fácil, las ejecuciones policiales sin proceso y los escuadrones de la muerte.

– ¿Qué siente cuando escucha a especialistas decir que es necesario construir más cárceles y reprimir más para combatir el problema de la inseguridad?

– Son parte de una campaña transnacional y mundial en pos de un Estado que nosotros tuvimos en los años 90 y así no fue. Los resultados están a la vista. Detrás de esta campaña hay corporaciones mediáticas.

– ¿La cárcel está cumpliendo su función real?

– La función real de la cárcel siempre fue reproducir clientela y cumple esa función perfectamente. La cárcel no está rehabilitando a los detenidos. No le puedo enseñar a una persona a vivir en libertad encerrándola, es como enseñarle a nadar sin agua. Es un milagro que un preso cumpla su condena y cuando salga en libertad no vuelva a delinquir.

– ¿La Corte le devolvió el prestigio a la Justicia argentina?

– Nunca me ocupo de eso. Nosotros tenemos que ocuparnos de hacer las cosas lo menos mal posible.

 

Campaña mediática

 

Eugenio Zaffaroni va directo al grano y lo dice sin vueltas: “El objetivo era provocar mi renuncia”. Se refiere a las acusaciones sobre el presunto funcionamiento de prostíbulos en seis de sus propiedades. “Fue una campaña mediática muy armada”, asegura el juez de la Corte Suprema de Justicia. Y agrega: “Todo empezó con una investigación sobre una cuenta que yo tenía de toda la vida en el extranjero. Supusieron que tenía millones de dólares, pero estaban totalmente equivocados”.

Zaffaroni recuerda que en los últimos ocho o diez años privilegió su tiempo a la actividad pública y a la enseñanza y por eso delegó el manejo de sus propiedades. “En un momento lo delegué en un apoderado y él en una inmobiliaria”, explica.

El juez dice que los departamentos los alquilaba a través de una inmobiliaria y por eso no conocía a los inquilinos ni ejercía el control de las actividades que se realizaban en ninguno de ellos. De todas maneras, afirma que “el hecho en sí ya está aclarado” porque en cuatro propiedades donde aparentemente se ejercía la prostitución “se rompió” el contrato. “Ya hice lo que tenía que hacer, negociar para que me los devuelvan”, sostiene.

 

fuente: diario la capital





Personal doméstico: los expertos señalan los serios riesgos de optar por una empleada “cama adentro”

16 06 2011

El nuevo proyecto de ley, que ya tiene media sanción y está “a pasitos” de ser aprobado, marcará un antes y un después para familias que cuentan con una persona que colabora en el hogar. Tendrán que adaptarse a grandes cambios o, caso contrario, exponerse a juicios por horas extras y otras causas

Por Sebastián AlbornosiProfesional.com

Personal doméstico: los expertos señalan los serios riesgos de optar por una empleada "cama adentro"

Mercedes y Carlos González decidieron, hace ya un tiempo, tomar a María como empleada doméstica con “cama adentro”.

El ritmo de vida que llevan que incluye, más allá de sus rutinas laborales, las actividades escolares de sus hijos, entre otras tareas diarias, no les dejó otro camino que el de organizarse con la ayuda de una persona que colabore con los quehaceres del hogar.

Carlos se levanta todos los días a las 7 de la mañana y lleva a sus chicos a la escuela, para luego ir a trabajar. En tanto Mercedes, quien también tiene un empleo fijo, vuelve a las 20 horas a su casa.

El hecho de que María los ayude con la limpieza, reciba al micro escolar y organice la cena es realmente una  solución “a medida”, sin la cual se verían imposibilitados de continuar con su actual rutina.

Sin embargo, esta ordenada estructura -que han venido manteniendo desde hace ya dos años- que les permite cumplir con sus obligaciones laborales, está a punto de tambalear.

Es que el 1 de junio, el Congreso puede convertir en ley el nuevo régimen de empleo doméstico. Y, probablemente, Carlos y Mercedes tendrán que atenerse a las nuevas “reglas del juego”.

Sucede que su empleada ya no podrá trabajar más de 9 horas diarias o 48 semanales y, además, gozará de otros beneficios tales como licencias especiales.

Los González saben que tendrán que respetar esos nuevos derechos a rajatabla.

Pero no dejan de preocuparse porque, a partir de la entrada en vigencia de la nueva normativa, los horarios no les cerrarán y los números tampoco, en el caso de que tuvieran que pagar horas extras para adecuarse al nuevo marco.

Es que, en la actualidad, una empleada sin retiro tiene derecho a un descanso nocturno y corrido de 9 horas y otro de tres horas entre la mañana y la tarde. Esto significa que su jornada máxima es de 12 horas. De aprobarse la nueva normativa, dicha jornada laboral se reducirá tres horas, lo que provocará un desbarajuste en muchas familias.

En efecto, si su empleada doméstica arranca a trabajar a las 7 de la mañana, a las 4 de la tarde tendrá que finalizar con sus tareas diarias, de modo que ni podrá ayudar con la recepción de los niños ni tampoco con la organización de la cena -salvo que se recurra a pagar el tiempo excedente como horas suplementarias-.

Otra alternativa que pensaron los Gonzalez, para cumplir con la ley, es particionar la actividad diaria de María.

Esto es, que comience a las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía, luego se retire a descansar, y retome desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. En este caso, quedarían muchísimas tareas sin realizar.

Así es como los González se enfrentan a un nuevo escenario.

Todo esto, más allá de que, aun cumpliendo con la futura normativa -es decir, haciendo que su empleada trabaje 8 horas por día y se le paguen horas extras-, ante un eventual juicio les será difícil demostrar frente a la Justicia dicho cumplimiento y hasta podrán verse obligados a desembolsar una importante suma de dinero como resarcimiento.

Conflictos en puerta
Los especialistas consultados por iProfesional.com advirtieron sobre los serios inconvenientes que deberán enfrentar, una vez convertida en ley la iniciativa -tal cual está redactada-, quienes opten por tener personal doméstico con “cama adentro”.

“El proyecto de la nueva ley determina un tope de jornada laboral que no guarda relación con el objetivo de la contratación de este tipo de servicio sin retiro, puesto que no podría extenderse de las nueve horas diarias”, afirmó la abogada laboralista Mariana Medina, experta en la materia, ante la consulta de iProfesional.com.

Medina destacó que “si la empleada comienza su jornada a las 7 de la mañana, además de un descanso de dos horas durante el día, deberá finalizar sus tareas a las 18 horas”.

“Para el caso de necesitar los servicios en un horario más extenso – a los efectos de poder cumplir con la reglamentación que entrará en vigencia – será necesario abonarle el cincuenta por ciento de la remuneración que cobre por cada hora “en exceso” de la jornada descripta en la ley”, afirmó la letrada.

“La modificación de la normativa es un retroceso y no un avance en la protección de los derechos de las empleadas domésticas. Bajo el amparo discursivo de equipararlas a un empleado bajo la Ley de Contrato de Trabajo, se crea un conflicto que hasta hoy era inexistente. Ahora, la empleadora pasa a ser ya no una familia sino un empresario“, indicaron Juan Carlos Cerutti y Gustavo Unamuno, socios del estudio Cerutti – Unamuno – Darago.

Los expertos también advirtieron que va a ser necesario controlar las horas trabajadas, de modo de poder identificar si existieron realmente horas extras, lo cual -en la práctica- va a significar un nuevo ajuste en la relación laboral.

En este sentido, Cerruti y Unamuno agregaron: “Quienes no cumplan con los requisitos que, a simple vista, parecen imposibles de llevar a cabo, podrán ser sancionados y hasta tendrán que enfrentar juicios por falta de pago de horas extras, de enfermedades inculpables e, incluso, por no otorgar vacaciones en el plazo establecido” por la nueva ley.

En tanto, Héctor García, socio del estudio García, Pérez Boiani & Asociados, afirmó que al equiparar al jefe o jefa de hogar con un empleador de la actividad privada no se está contribuyendo a “a erradicar uno de los mayores flagelos que rodea al trabajo doméstico, y que se vincula con los altos indicadores de clandestinidad laboral y de la seguridad social“.

Contrastes: ¿con cama adentro o retiro?
La normativa vigente fija pautas para el caso de personal sin retiro, que trabaja en casas particulares.

¿Cómo se aplica en la actualidad?. Se debe:

  • Otorgar un descanso diario nocturno de ocho horas, que sólo podrá ser interrumpido por causas graves y/o urgentes.
  • Dar un receso de 2 horas, entre las tareas matutinas y vespertinas, dentro del cual queda comprendido el tiempo de almuerzo, sin perjuicio de quedar también contemplado el necesario para las restantes colaciones diarias.
  • Disponer de una habitación “higiénica” y “amueblada” para la empleada que se destinará exclusivamente a sus pertenencias.
  • Respetar una jornada de trabajo máxima de hasta 12 horas diarias, con un descanso semanal de 24 horas.

En contraste, para el personal con retiro no existe expresamente límite alguno a la jornada laboral, de acuerdo con el régimen legal hoy por hoy vigente.

Ahora bien, en caso de aprobarse la iniciativa -que ya tiene media sanción de Diputados- para el personal con cama adentro se establece:

  • Un tope de “8 horas diarias o 48 semanales” de trabajo.
  • Una jornada ordinaria que no podrá “exceder las 9 horas”.
  • Un descanso semanal de 35 horas corridas, a partir del sábado a las 13.

“Aquellas personas que tengan trabajando en su domicilio a personal al tiempo de la ley que se sancionará, contarán con un plazo de ciento ochenta días corridos para regularizar la situación, de acuerdo a lo establecido en la nueva normativa; caso contrario, existirá la contingencia de tener que abonar el doble de la indemnización en caso de reclamo por parte de la trabajadora”, alertó Medina.

Vacaciones
Con respecto a la licencia anual por vacaciones, el proyecto de ley propone un descanso de:

  • 14 días: si la antigüedad fuera de entre 6 meses a 5 años.
  • 21 días: entre 5 y 10 años
  • 28 días: cuando la permanencia en el empleo sea de entre 10 y 20 años.
  • 35 días: cuando se superen los 20 años.

Vale aclarar que se mantiene la facultad del empleador de fijar el período durante el cual la empleada gozará de esta licencia, aunque se deberá comunicar esta decisión con una antelación de 20 días al momento en que comience este receso.

La licencia no podrá asignarse en cualquier época del año, como actualmente ocurre, sino que deberá otorgarse entre el 1 de noviembre al 31 de marzo de cada año.

Sobre este último aspecto, los expertos consultados advirtieron que el nuevo régimen llevará a que las familias deban organizarse, de modo de hacer coincidir sus vacaciones con las de la empleada.

Aquí, por ejemplo, se advierte un inconveniente respecto del receso invernal, que se suele tomar justamente con las vacaciones de los niños en edad escolar, dado que ese período no estará contemplado por la nueva normativa, especialmente, cuando corresponde otorgar 21 días o más.

Por otra parte, la propuesta parlamentaria agrega que, vencido el plazo para efectuar la comunicación por parte del empleador, si la misma no se hubiera practicado, el dependiente podrá ejercer ese derecho -previa notificación fehaciente- de modo tal que la licencia concluya antes del 31 de mayo.

Además, se prevé expresamente que las retribuciones correspondientes a las vacaciones deberán ser abonadas al comienzo de las mismas.

Asimismo, el proyecto de ley agrega que corresponderá darle a las empleadas con cama adentro “una alimentación, suficiente y que asegure la perfecta nutrición”.

Horas extras y otras licencias
Con relación a las horas extras, el debate está instalado y también la preocupación dado que, sin lugar a dudas, el pago de este concepto impactará en los bolsillos de las familias, especialmente, cuando no quede más remedio que cubrir la jornada con horas suplementarias.

Sucede que el empleador deberá abonar al personal:

  • Un recargo del 50% calculado sobre el salario habitual, si se tratase de días comunes.
  • Del 100%, en días sábados después de las 13 horas, domingos y feriados.

De acuerdo con Cerruti y Unamuno, la aprobación de la iniciativa va a generar “la necesidad de las familias de llevar un estricto control del horario. Por un lado, para ver si existen o no horas extras y, en consecuencia, pagarlas de determinada manera al 50% o al 100%. Por otro, para verificar si se realiza el descanso en la forma que taxativamente lo dice el proyecto de ley”.

Asimismo, otro concepto que también incidirá en los gastos familiares tiene que ver con la obligación, que establece la iniciativa, de contar con “un seguro por los riesgos de accidentes laborales” a favor de la empleada.

Por otra parte, se fijan licencias tanto para el personal con retiro como sin retiro:

  • Por nacimiento de hijo.
  • Por matrimonio.
  • Por fallecimiento del cónyuge o de la persona conviviente, de hijo, padres o hermanos.
  • Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria.

En los supuestos de enfermedades inculpables -no vinculadas al trabajo-, se establece una licencia paga de 3 meses, si la antigüedad fuera menor a los 5 años, y hasta 6 meses, en los casos de que se supere dicha antigüedad.

En la actualidad, sólo los trabajadores sin retiro tienen derecho a una licencia por enfermedad de 30 días en el año.

Por último, la propuesta parlamentaria apunta a fijar algunas pautas sobre la extinción del contrato de trabajo.

En este sentido, indica que el personal con “cama adentro” deberá, en un plazo máximo de 3 días, desocupar y entregar en perfectas condiciones de higiene la habitación que le fuera otorgada, con los muebles y demás elementos que se le hubieran facilitado. La misma obligación tendrán las personas que convivieran con dicho personal y que no mantuvieran una relación laboral con el empleador.

El 1º de junio, un día clave
La iniciativa que por ley busca modificar el régimen laboral para el personal de servicio de casas particulares será llevada al recinto en la próxima sesión, que tendrá lugar el 1 de junio.

Así fue acordado en la reunión que sostuvo la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que conduce el radical santacruceño Alfredo Martínez.

Existen, sin embargo, algunos puntos en que difieren ambas cámaras y uno de ellos está vinculado con el régimen de minoridad. Al respecto, Martínez indicó que los menores contratados deben ser incentivados por los empleadores a terminar el colegio secundario.

Además, señaló que es necesario introducir reformas en materia de licencias de maternidad y paternidad.

Consultado sobre este aspecto, García consideró que en el proyecto deberían considerarse también algunas acciones de inclusión social, “como susceptibles de ser financiadas en forma compartida entre el empleador civil -una subcategoría distinta del mercantil ya que emplea para actividades con fines de lucro- y la seguridad social”.

“En este caso, el sector empleador ni siquiera cuenta con una voz organizada para ser escuchada, ya que no se nuclea en cámaras o entidades gremiales, pero no por ello debería subestimarse esta situación disímil, que exige un marco regulatorio que no apunte a homogeneizar lo diferenciado, sin perder de vista la inclusión social, para que ésta no se transforme en un objetivo inalcanzable”, concluyó.

 

Fuente: iprofesional.com





Senadores reclaman cambios en proyecto de empleadas domésticas

16 06 2011

La UCR considera que la iniciativa con media sanción duplica el costo laboral y propone incorporar la Asignación Universal por Hijo al salario mensual

Senadores reclaman cambios en proyecto de empleadas domésticas

El titular del bloque radical del Senado, Gerardo Morales, anunció desde la Conferencia Anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra los cambios que reclamará su partido al proyecto de ley que regula el trabajo de empleadas domésticas.

La Cámara alta, que ya aprobó ese texto en general, debatirá su articulado en la sesión programada para el próximo miércoles 29, informó El Cronista Comercial.

“Si bien el proyecto de trabajadoras de casas particulares enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo es bueno y representa avances en materia de derecho, duplica el costo laboral, lo mismo que la sanción de Diputados, por lo que la UCR propone incorporar la AUH a la retribución mensual”, explicó Morales.

El legislador jujeño adelantó que su bloque trabaja junto a otras fuerzas políticas -incluso el Frente para la Victoria- en un dictamen que tiene como base la propuesta del Ejecutivo pero que también contempla un régimen de licencias por maternidad o paternidad, entre otros detalles. Para leer la opinión de los especialistas y las implicancias de la iniciativa, haga clic aquí

fuente: iprofesional.com





Buscan por ley otorgar “protección a testigos” que declaren contra la empresa en juicios laborales

16 06 2011

 

Una nueva iniciativa, impulsada por el diputado Héctor Recalde, ya genera preocupación entre los empresarios. Apunta a evitar los despidos de empleados que tuvieron que brindar testimonio en el marco de litigios contra compañías. ¿Cómo se determinará la indemnización agravada en estos casos?

Por Sebastian Albornos MailiProfesional.com

Buscan por ley otorgar "protección a testigos" que declaren contra la empresa en juicios laborales

A la hora de despedir a un empleado, las empresas son conscientes de que esta decisión conlleva el pago de una indemnización. Pero lo que no siempre saben es si ese monto será el definitivo o si, como resultado de un juicio laboral, tendrán que abonar un importe significativamente mayor.

Esto es así dado que, además de tener que desembolsar el resarcimiento por antigüedad que establece la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y otros rubros que fija dicha norma -tales como preaviso, aguinaldo proporcional y vacaciones no gozadas- la Justicia podría considerar que corresponde aplicar multas o, dependiendo del caso, dar lugar a una reparación agravada, encareciendo el despido. Este último criterio, por ejemplo, se aplica cuando una compañía rompe el vínculo laboral con una empleada durante el período de protección legal por embarazo-maternidad.

Situaciones como estas generan incertidumbre entre los hombres de negocios, quienes ven cómo los magistrados avalan los reclamos de los trabajadores a un punto tal que, en algunos casos, hasta pueden llegar a responsabilizarlos solidariamente ante determinadas circunstancias.

Así las cosas, mientras las causas laborales se multiplican día tras día en los tribunales, un nuevo proyecto de ley ahora les suma más dudas y preocupación.

Se trata de una iniciativa que apunta a proteger a los empleados que fueron testigos, en el marco de un juicio laboral contra la compañía que los contrató, en tanto hayan sido despedidos dentro del año de haber formulado su declaración.

A tal efecto, la propuesta -que ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados y avanza al recinto para su debate- establece que dichos dependientes cobrarán un resarcimiento agravado, equivalente a 13 sueldos, bajo la presunción de que la desvinculación fue producto del testimonio brindado ante la Justicia.

De convertirse en ley el proyecto, impulsado por el diputado oficialista y asesor legal de la CGT, Héctor Recalde, las empresas verán incrementados sus costos laborales tras la implementación del mecanismo de “protección a testigos”.

Pero no sólo en estos casos. Los expertos consultados por iProfesional.com advirtieron que las firmas, además, correrían el riesgo de verse expuestas a futuros juicios bajo el argumento de un despido discriminatorio. 

Es decir, podría suceder aun cuando la causal de la desvinculación fuera otra, en la medida que la cesantía tuviera lugar durante el mencionado lapso y el empleador no pudiera aportar pruebas suficientes para desestimar los argumentos del reclamante.

Las claves del proyecto
La iniciativa presume, salvo prueba en contrario, que el despido de empleados que actuaron como testigos de las partes -tanto por el lado del trabajador, como del empleador- en juicios laborales, se generó a partir de este hecho, en tanto tuviera lugar “desde la fecha de ofrecimiento judicial de la prueba testimonial que los individualice, hasta un año despuésde producirse la declaración respectiva ante el juzgado o tribunal interviniente”.

No obstante, aclara el texto de la propuesta de Recalde, para que la presunción tenga operatividad, “el empleador debe haber sido notificado de tal circunstancia”.

Y agrega: “En el caso de que la compañía resuelva concluir con el vínculo, en esas condiciones, deberá abonar una indemnización equivalente a un año de remuneraciones, que se acumulará a la establecida en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo”, es decir, la indemnización por despido sin justa causa.

Por otra parte, el proyecto establece que la referida protección cesará para aquellos trabajadores cuya declaración no se hubiera producido, ya sea por decisión del juez, por desistimiento de la parte que lo ofreció o por negligencia en la producción de la prueba.

¿Qué tuvo en cuenta Recalde para “dar vida” a la iniciativa?
El legislador explicó que, en caso de ser testigo en un juicio laboral, “el empleado se encuentra frente a una opción dilemática perversa”.

Por un lado, señaló, el dependiente podría tener que “declarar contra la empresa y, en consecuencia, asumir el riesgo de sufrir una represalia“.

O bien, “si lo haciera a favor de la firma, bajo promesa de mantenimiento de las condiciones laborales o del empleo mismo, podría verse en la situación de tener que faltar a la verdad por ese motivo”.

“Los casos de despido dispuesto como `represalia´ merecen el mayor reproche por parte de la legislación“, agregó.

Y remarcó que el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre finalización de la relación de trabajo, considera especialmente “graves” a los despidos adoptados como represalia o que violenten derechos fundamentales.

“El proyecto resulta idóneo a fin de garantizar una protección mínima al empleado que tenga la carga legal de prestar declaración testimonial en una causa judicial, sin que, a tal efecto, recaiga sobre sus espaldas el riesgo de ser perjudicado por su empleador con motivo de los dichos vertidos en su deposición judicial”, destacó Recalde.

¿Qué cambiará para los empleadores si se sanciona el proyecto?
Los expertos consultados por iProfesional.com coincidieron en señalar que, de aprobarse la iniciativa, los empleadores “se verán en la obligación de demostrar ante los tribunales que su decisión no se basó en el testimonio del empleado despedido“, si quisieran evitar el pago de un resarcimiento agravado.

Esta no es una tarea sencilla si se tiene en cuenta que existe una tendencia en la Justicia a emitir sentencias favorables a los reclamos de los dependientes.

Esteban Carcavallo, socio del estudio Severgnini, Robiola, Grinberg & Larrechea, advirtió, a modo de ejemplo, que tras la sanción del proyecto, “una empresa hasta se vería impedida de reorganizar un área o sector que cuente con personas que fueron testigos en un juicio laboral que tenga a la empleadora como parte”.

En tanto, Marcelo Aquino, socio de Baker & Mackenzie, indicó que el proyecto “puede provocar efectos no queridos” porque permitirá a los trabajadores que declararon en juicio“gozar de una estabilidad mejor que la del resto de los empleados”.

Carcavallo también resaltó que, “por los ya conocidos avatares judiciales -alta litigiosidad, problemas de infraestructura edilicia, mala gestión de los tribunales y de los sistemas informáticos, entre otros factores- el trámite de los pleitos se alargará“, lo cual sumaráincertidumbre para los empleadores.

En este sentido, remarcó que, en la provincia de Buenos Aires, un juicio no tarda menos de tres años y medio y que, en la actualidad, corre un extenso lapso hasta que se designa la audiencia en la que deben prestar declaración los testigos.

Interrogantes
Si bien aún resta camino por recorrer hasta que el proyecto se convierta en ley, lo cierto es que, en medio de la polémica, los asesores de empresas ya se plantean algunos interrogantes.

Al respecto, Carcavallo señaló que el texto genera dudas en cuanto a “las modalidades y condiciones bajo las cuales se implementaría esta protección”.

“El cómputo de los tiempos en que corre dicha protección” resulta un importante interrogante, destacó el experto.

Y disparó: ¿hay que considerar desde la fecha en que fue ofrecido el testigo o la fecha en la que prestó declaración testimonial, y de ahí en más computar el plazo residual de un año para establecer el cese del período de protección?.

Por esta razón, concluyó que “es absolutamente inconveniente crear nuevas presunciones que otorgan estabilidad en situaciones que no se justifican, porque atentan contra las facultades de dirección y organización del empleador, cada vez más restringidas a causa de criterios legales y judiciales expansivos en materia de protecciones inconsistentes”.

Por último, Héctor García, socio del estudio García, Pérez Boiani & Asociados, también cuestionó la iniciativa y sostuvo que “la creación de esta nueva presunción -que admite prueba en contrario- es un desacierto que sólo persigue consolidar un proceso deincremento de la litigiosidad laboral, el que no sólo atosiga el funcionamiento de los tribunales y la apropiada administración de Justicia, sino también, opera como un desincentivo indirecto sobre la generación de empleo“.

 

fuente: iprofesional.com





Paran los empleados judiciales En Mar del Plata se realizarán un paro de actividades con permanencia en su lugar de trabajo. Mañana habrá una marcha en La Plata.

26 04 2011

Al no llegar a un acuerdo, tras entrevistarse con el ministro de Trabajo provincial, Antonio Cuartango, la Asociación Judicial Bonaerense resolvió continuar hoy con las medidas de fuerza en toda la provincia.

En Mar del Plata, la filial local que preside Carlos Spinelli, decidió en asamblea, realizar en la fecha un paro de actividades con permanencia en su lugar de trabajo y, mañana, participar de la movilización que se realizará a la Casa de Gobierno y al Ministerio de Justicia, en la ciudad de La Plata.

Consultado Spinelli sobre lo tratado en la reunión, sostuvo que “el ministro Cuartango señaló que no tenía ninguna propuesta, pero se comprometió a explorar cursos de acción para destrabar el conflicto”.

Como se sabe, los empleados judiciales reclaman un incremento salarial del 35 por ciento y poner en vigencia la Ley Porcentual.

Asimismo, el funcionario provincial, según lo indicó el gremialista les resaltó que “realizaría gestiones sin prometerles resultados, porque no era resorte de él arbitrar soluciones a este problema”.

Y además, agregó Spinelli, “convocó a los dirigentes de la AJB para este miércoles, a las 14, a fin de dar una respuesta sobre las gestiones que realizó”.

fuente: diario la capital





La Presidenta promulgó ley de cesión de tierras para la Ciudad Judicial

21 04 2011
Dr Román González con la Presidenta

En quince días llamarán a concurso de proyectos urbanísticos para el diseño. “Para nosotros, todo esto es música de la más afinada sinfonía”, dijo el titular del Colegio de Abogados.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, promulgó la ley de cesión de terrenos para la construcción de la Ciudad Judicial Mar del Plata.

Del acto, participaron el intendente interino Marcelo Artime, el secretario de Gobierno Ariel Ciano, el presidente del Colegio de Abogados, Fernando Román González, el secretario general de la presidencia, Carlos Zannini, el ministro de Economía Amado Boudou, el gobernador Daniel Scioli, la ministra de Infraestructura, Cristina Álvarez Rodríguez y ministro de Justicia, Ricardo Casal.

Se trata de un terreno de 31.360 metros cuadrados ubicado en la avenida Juan B. Justo, entre las calles Pehuajó y Funes, que pertenecía al servicio de cargas del Ferrocarril General Roca y que fue cedido por una ley del Congreso Nacional a fines del mes pasado.

El Congreso Nacional sancionó el pasado 30 de marzo la ley por medio de la cual la Nación le cede a la provincia el predio de 31.360 metros cuadrados- ubicado en la avenida Juan B. Justo, entre Pehuajó y Funes, en Mar del Plata, que pertenecía al Estado Nacional por haber sido parte de la estación de cargas del Ferrocarril General Roca.

Con este paso, el estado provincial podrá tomar posesión efectiva de las tierras, las cuales permanecían a cargo del Organismo Nacional de Bienes del Estado (Onabe).

El proyecto inicial preve la construcción de un edificio con una superficie de 78.980 metros cuadrados a lo largo de cuatro etapas, comenzando por el Fuero Penal y concentrará el funcionamiento de todos los organismos del departamento judicial marplatense, tanto los pertenecientes a la administración de justicia como al ministerio público

fuente: puntonoticias





Judiciales extienden los paros en los tribunales

20 04 2011

Ayer, mientras esperaban el llamado que no fue, el gremio materializó otra jornada de protesta con asambleas y retiro de los lugares de trabajo, ocupación de edificios, cortes de calles y manifestaciones.

LA PLATA (Corresponsalía).- Finalmente el gobierno bonaerense no convocó a los trabajadores judiciales para realizar una oferta como estaba previsto ayer y la Asociación Judicial Bonaerense resolvió continuar en la jornada de hoy con asambleas y paro de actividades en todos los tribunales dependientes de la Justicia provincial.

Ayer, mientras el titular de la AJB, Hugo Blasco, aguardaba la demorada convocatoria los trabajadores llevaron adelante una nueva jornada de protesta con asambleas y retiro de los lugares de trabajo, ocupación de los edificios, cortes de calles y variadas manifestaciones.

Hace más de un mes que la actividad en la Justicia bonaerense no es normal por el conflicto por el aumento salarial. Y continuarán interrumpidos los servicios al menos hasta después de semana santa.

Los judiciales esperaban que ayer los recibiera el Gobierno como habían acordado con el jefe de gabinete Alberto Pérez y el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal el miércoles pasado. Ese día los funcionarios escucharon los reclamos y dijeron que iban a analizar una propuesta para destrabar el conflicto.

A pesar de que no hubo llamado, ante LA CAPITAL Blasco se mostró confiado en que más temprano que tarde van a ser convocados para continuar el diálogo. “Hay muchos sectores que presionan para resolver esto”, dijo.

Más de un mes

Las medidas de fuerza en los tribunales comenzaron a principios de marzo cuando el Ejecutivo realizó la primera oferta del 21% cuando la AJB reclamaba un incremento del orden del 35%. El conflicto se profundizó el viernes 8 de abril, luego de una reunión entre el Ejecutivo y funcionarios de la Corte, cuando se conoció que el gobernador Daniel Scioli había firmado tres decretos que otorgaron aumentos diferenciales entre el personal jerárquico y los trabajadores de las categorías más bajas.

El decreto estableció una suba del 22% para las categorías 6, 8, 10, 12 y 14 y un aumento del 26% para los jueces de la Corte. De este modo el salario mínimo en el Poder Judicial pasó de 2.670 a 3.257 pesos y el máximo de 14.815 a 18.667 pesos, alejando en poco más de medio punto la diferencia porcentual que los trabajadores pretenden disminuir.

En concreto, el incremento desde el nivel 19 hasta los jueces contiene un 5% en concepto de gastos funcionales. Mientras que los secretarios y jefes de oficina tendrán otra suba del 3% en julio por lo que alcanzarán más del 29% con respecto a lo que cobran hoy. Los auxiliares letrados, que no cobran gastos funcionales, recibirán ahora, además del 21%, una bonificación remunerativa del 3,4% del básico y desde julio pasará a ser del 7,4%. También se dispuso la implementación de la segunda etapa de recategorización.

Desde entonces las medidas de fuerza fueron continuas, se sumaron fuertes movilizaciones y produjeron el malestar en el Colegio de Abogados de la Provincia y de las departamentales que presentaron una denuncia penal y un recurso de amparo para que se garantice el servicio de Justicia porque en muchos casos no los dejaron entrar a los edificios públicos para tramitar expedientes y actuaciones.

Acorralados, dos magistrados de la Suprema Corte intercedieron con la AJB y pidieron que el Gobierno los recibiera.

El miércoles de la semana pasada, luego de recibir a los representantes gremiales en el despacho del jefe de Gabinete, Casal adelantó que la próxima reunión estará “focalizada a las cinco categorías que menos aumentos recibieron”.

fuente: diario la capital